Los funcionarios de la Inspección de Trabajo que siguen cobrando sin trabajar un año después

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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuenta en la actualidad con 1.956 funcionarios, de los cuales 1.000 son Inspectores y 956 Subinspectores. 

En 2019 aprobaron la oposición 208 nuevos funcionarios: 86 subinspectores de Empleo y Seguridad Social, 88 subinspectores de Seguridad y Salud Laboral y 34 inspectores de Trabajo. Todos ellos, que representan el 10% de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, llevan más de 18 meses cobrando como funcionarios en prácticas sin trabajar porque el Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por Yolanda Díaz, no ha publicado aún la lista de destinos que permitiría la toma de posesión de los mismos.

Es una situación sin precedentes que se produce en un momento de extrema necesidad de un Sistema de Inspección de Trabajo mermado estructuralmente por las precarias ofertas de empleo y la enorme necesidad de personal que se ve agravado como consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia.

 

 

Cobrar sin trabajar, malgastando 250.000 € mensuales de todos los ciudadanos.

Los funcionarios cobran en prácticas un salario que ronda los mil euros.  Los cálculos son simples, mensualmente se están dilapidando 250.000 € de dinero público de todos ciudadanos para pagar a funcionarios que no se encuentran trabajando, lo que supone un coste total de casi 3 millones de euros si el cálculo se hace desde que comenzaran el periodo de prácticas. Y no es solo el dinero gastado directamente en pagar sus nóminas, el coste es aún mayor si sumamos el “lucro cesante” que supone que dichas personas no se encuentren extendiendo actas de liquidación y la pérdida de conocimientos que implica tenerlos parados sin formación lo que a buen seguro repercutirá negativamente en la prestación del servicio cuando finalmente puedan comenzar a prestar servicios.

 

El Ministerio se pronuncia, pero evita responsabilizarse.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, con Yolanda Díaz al frente, se ha exculpado indicando que todas las resoluciones en materia de función pública deben pasar previamente por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y que parte del retraso se debe a la demora causada por el retraso en la gestión del indicado Ministerio. Tampoco parece que dicho argumento cuente con la más mínima credibilidad puesto que en los últimos meses y semanas el Ministerio de Miquel Iceta ha ido publicando numerosas resoluciones en materia de nombramientos de funcionarios de carrera, sin que en ningún cuerpo se haya dado un retraso de incorporación de éste calibre. 

Es por tanto que las causas de ésta situación hay que buscarlas directamente en la pésima gestión llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y particularmente, dentro de él, en la Dirección General de Inspección de Trabajo, dirigida por Héctor Illueca.

 

 

Causa más probable: a la espera de los concursos de traslados.

Todo parece indicar que el Ministerio se encuentra a la espera de resolver los concursos de traslados de los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que son los que permiten la movilidad de los funcionarios que ya encuentran prestando servicios, para resolver sobre los destinos a adjudicar a los 208 funcionarios que esperan su toma de posesión.

Actualmente se ha resuelto el concurso de traslados en los cuerpos de subinspección, mientras que el de Inspectores de Trabajo aún no se ha publicado.

En cualquier caso, es inaceptable que la causa pueda ser esa puesto que no hay justificación para retrasar durante un año la convocatoria de un concurso de traslados.

 

 

 

Los concursos de traslados, en el punto de mira.

La Administración Pública del Estado sigue aplicando, en muchos aspectos, un proceder discrecional, arbitrario y poco ético en la gestión de la movilidad de los funcionarios públicos. Los concursos de traslados es un mecanismo que goza de esos calificativos, al tiempo que cosecha las críticas constantes de todas las organizaciones sindicales ante la indiferencia de los órganos directivos centrales que actúan con desdén al contar con el aval de una legislación que permite parte de esos comportamientos bajo el paraguas de la “discrecionalidad” y la dificultad de probar en sede judicial los vínculos personales sobre los que se fundan parte de las comisiones de servicio que son base de los concursos de traslados.

Los concursos de traslados en muchas ocasiones se convierten en un mecanismo para “legalizar” -o “blanquear” si queremos utilizar un término menos legalista- el uso arbitrario de las comisiones de servicio, en muchas ocasiones otorgadas a dedo a determinadas personas por cumplir requisitos de cercanía personal y que por tanto son completamente ajenas a criterios de índole profesional. En los concursos de traslados se le dota de validez legal a esas comisiones, otorgando la plaza a la persona que ya se encuentra ocupando la misma por comisión de servicios.

Dentro de la Administración del Estado es una forma de obrar que se extiende entre todos los cuerpos y Ministerios, incluido el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones -especialmente cuerpos de Gestión de la Administración de la Seguridad Social o del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social- y el Ministerio de Trabajo y Economía Social -especialmente los de Inspección de Trabajo y Servicio Público de Empleo Estatal-.

Desde nuestro punto de vista no deja de ser la reminiscencia de una Administración que en el pasado aplicaba dichas prácticas de una forma aún más generalizada. Actualmente, aunque es evidente una evolución, sigue habiendo comportamientos como el descrito que recuerdan a épocas pasadas.

Es por tanto, y volviendo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que la tardanza en la elaboración del concurso de traslados no debe extrañar en la medida en que el encaje que debe hacerse para satisfacer los múltiples intereses no es fácil.

 

 

La polémica se agudiza por la precaria situación del Sistema.

Es de largo conocido que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al igual que otros cuerpos de la Administración del Estado, se encuentra en una precaria situación en lo que a recursos materiales y humanos se refiere. Cuenta con una dotación de recursos humanos sensiblemente inferior a la media de los países europeos y ningún Gobierno hasta el momento ha prestado atención al problema con una política orientada a la convocatoria de ofertas de empleo lo suficientemente dotadas que ayuden a paliar el problema.

 

Si bien es cierto que en los últimos años se han ido convocando un número de plazas creciente, no ha sido suficiente para incrementar la dotación de efectivos por encima de los 2000, cifra que, no obstante, seguiría siendo sensiblemente inferior a lo razonable.

En la siguiente gráfica observamos un cambio de tendencia en 2018, produciéndose un incremento tras haber tocando fondo en 2017 tras un periodo de pérdida notable de efectivos. No obstante, no debemos perder de vista que gran parte del incremento de efectivos es consecuencia de la creación de la nueva escala de subinspectores laborales de seguridad y salud laboral, moderándose dicho incremento si solamente tenemos en cuenta los cuerpos que luchan contra empleo sumergido y el fraude a la seguridad social, dedicando a dichas tareas un número de efectivos aún inferior al que existía en 2013 (línea roja).

 

Hace unos meses la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mencionaba la incorporación de los funcionarios que aún no se ha producido y resaltaba las necesidades de personal del Sistema aunque achacando parte de la responsabilidad al anterior Ejecutivo, que sin bien es cierto que en los años anteriores al 2017 la merma de funcionarios ha sido enorme por una política de reducción de las ofertas de empleo público no es menos cierto que desde entonces se podría, a nuestro juicio, haber aplicado una política de contratación mucho más agresiva.

 

La solución al problema, en los “próximos meses”.

Fuentes del Ministerio de Trabajo nos confirman que la resolución del destino de los funcionarios de los cuerpos de subinspección se producirá “en los próximos meses” y probablemente alrededor del verano, cuando se cumplirán dos años desde que fueron nombrados como funcionarios en prácticas, se ponga el punto y final a una situación que difícilmente es justificable aplicando una gestión correcta de los recursos humanos de la Administración Pública. 

En las últimas semanas se ha publicado la convocatoria del concurso de traslados de los subinspectores laborales de la escala de empleo y seguridad social, que está próximo a resolverse. A partir de entonces se enviará a los opositores aprobados la lista de vacantes existentes para que puedan llevar a cabo su elección, posteriormente habrá que casar las diferentes plazas con la elección realizada en función del orden de aprobado y su envío al BOE, proceso que sin duda se demorará durante varios meses más. Y lo mismo con el Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

 

 

Jorge Fernández.

Colaborador.

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