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Los retos del Sistema de Seguridad Social español.

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Las causas de los problemas del Sistema de Seguridad Social.

La Seguridad Social ha experimentado un incremento notable del número de pensionistas y por tanto del gasto en pensiones, al tiempo que la recaudación del sistema se mantiene, una vez superada la crisis económica, en niveles previos a la misma. Esta situación ha tenido como consecuencia que la cotizaciones sean insuficientes para cubrir el gasto del sistema, entrando en una situación de déficit, que en puridad tiene consecuencia en estos tres elementos:

 

Bajos salarios.

Como consecuencia de la crisis económica, lo salarios han experimentado una bajada notable. Principalmente por la destrucción de empleos en sectores, como el de la construcción, que venían abonando retribuciones por encima de la media, aunque también por la aplicación de determinadas medidas económicas como la de descuelgue salarial o la preeminencia del convenio colectivo de empresa (reforma laboral aplicada en 2012) que han tenido una importancia clave en el acentuamiento de la devaluación salarial.

Las consecuencias son en puridad muy negativas para la economía.

 

Incremento de la esperanza de vida y jubilación del babyboom.

Se prevé por el Gobierno que en 2050 haya seis jubilados por cada 10 trabajadores, frente a los casi tres actuales, lo cual generará tensiones con el sistema de pensiones. Con esta estimación, el Estado dedicará a sufragar estas prestaciones unos 300.000 millones de euros en 2050, frente a los 140.000 millones que destina ahora.

Los motivos por lo que habrá tal número de jubilados son principalmente dos:

  • La jubilación en un corto plazo de tiempo de la generación del babyboom, nacidos en un periodo de gran natalidad, entre 1958 y 1976.
  • Y también el aumento de la esperanza de vida, ya que al nacer escala hasta los 83,2 años —80,5 para los hombres y 85,9 para las mujeres—, tendencia que se prevé en alza en las próximas décadas.

Baja natalidad.

En los últimos diez años los nacimientos han caído un 30%, una tendencia que se mantiene imparable y augura un futuro poco halagüeño en lo que al número de nacimientos se refiere. Las causas de la natalidad son variadas, pero sin duda la situación de bajos salarios y empleos poco estables es una de las razones determinantes.

 

Las soluciones al problema del sostenimiento del sistema.

Medidas sociales.

Medidas tendentes al incremento de la natalidad.

España ha experimentado durante los últimos años una notable disminución de la natalidad, consecuencia en parte de la precariedad del mercado laboral y por la incorporación de la mujer al mercado laboral en un entorno que no favorece la conciliación.

Es por tanto que una de las medidas más urgente es favorecer que los progenitores puedan conciliar su vida personal con la laboral, mediante el incremento de los permisos por cuidado de hijo y la concesión de ayudas económicas por cuidado de hijo. En este último apartado la situación en España, en relación con otros países, es especialmente precaria pues las ayudas por nacimiento de hijo son excepcionalmente bajas, totalmente irrelevantes para el cuidado de menores de 18 años que no cuenten con discapacidad. Esta situación debe revertirse, mediante la concesión de ayudas por el nacimiento de hijo y hasta la adolescencia para aquellas familias que cuenten un nivel de recursos económicos inferior a la media.

 

Medidas laborales.

Fomento de las titulaciones técnicas y lucha contra el abandono escolar.

España tiene grandes problemas en su mercado educativo, es algo que suscita pocas dudas.
Por un lado, las titulaciones técnicas siguen siendo una opción que para la mayoría de los estudiantes es descartada en el inicio de la etapa universitaria. Esto influye decisivamente en el devenir de una economía que globalmente avanza hacia la tecnificación e innovación. Si se pretende transformar la economía española desde el actual modelo de escaso valor añadido con un apoyo importante en el sector turístico (que además es estacional), hacia una economía apoyada en la producción de bienes de alto valor añadido, debe hacerse necesariamente mediante el apoyo en un cuerpo de trabajadores formados en las competencias que esa nueva economía exige.

Por otro lado, España cuenta históricamente con un alto abandono escolar, lo que también es consecuencia de los rasgos del modelo productivo español. Aunque este abandono se ha ido moderando en los últimos años, sigue siendo excesivamente elevado. La consecuencia directa de esto es muy negativa, en la medida en que existe, en comparación con otros países de nuestro entorno, un elevado número de trabajadores con bajas titulaciones, existiendo una gran carencia de personas con formación profesional de grado medio o superior.

 

Fomento de las actividades de alto valor añadido.

Uno de los principales déficits de la economía española es su tejido productivo, poco cualificado y por ende con una escasa inversión en innovación. Esto es un problema que se remonta a mucho tiempo atrás, puesto que la economía española siempre ha estado por detrás de gran parte de las economías europeas desde el inicio de la revolución industrial por la falta de medidas innovadoras y por la resistencia del poder de aceptar los ideales de la ilustración.

La solución a este problema pasa necesariamente por hacer una apuesta por la innovación, anticipando la creación de valor añadido en sectores con potencial. El Estado puede intervenir en este proceso mediante la ayuda al emprendimiento en sectores que cumplan los indicados requisitos de innovación.

 

Políticas activas de empleo efectivas.

Las políticas activas de empleo, destinadas a conseguir el reciclaje y actualización de las personas empleadas y la incorporación al mercado laboral de los desempleados, debe ser un pilar fundamental de cualquier economía. En España esta competencia, gestionada por las Comunidades Autónomas aunque financiada por el Estado, tiene grandes carencias.

 

Incremento de salarios.

El mercado laboral español ha experimentado una notable disminución salarial durante los años de la crisis económica, como consecuencia de las reformas aplicadas por el Gobierno del Partido Popular. Dichas políticas salariales, ejecutadas mediante la reforma laboral de 2012 a través del descuelgue salarial y la preeminencia de los convenios colectivos de empresa, ha tenido unas consecuencias nefastas sobre la economía española. Unos bajos salarios merma no sólo la renta disponible para el trabajador, sino que también tiene un efecto directo en la recaudación llevada a cabo por las Administraciones Públicas. En este sentido, la Seguridad Social ha experimentado una disminución en sus cotizaciones, que en parte viene condicionada por los salarios de los trabajadores que no han sido excluidos del mercado laboral.

La consecuencia a día de hoy de esos bajos salarios es que con un mayor número de trabajadores en activo, la recaudación por cuotas sociales es menor que entonces. Esta situación es solo posible revertirla mediante el incremento de los mismos, aplicando reformas que den preeminencia a la negociación con los sindicatos en el apartado salarios y dificultando que las empresas puedan desvincularse posteriormente de esos acuerdos. Dichas medidas tienen todo el sentido en momentos de crisis económica, pero en momentos de mejora como el que vivimos no es de ningún modo justificable una política que sea contraria a lo indicado.

 

Medidas de seguridad Social y de financiación.

Incremento de la edad de jubilación.

Las últimas reformas laborales de calado han aplicado un gradual incremento de la edad de jubilación, que culminará en 67 años en el año 2027 para aquellos trabajadores que acumulen una cotización inferior a 38 años y medio. Esta medida parece adecuada y necesaria en un contexto de incremento gradual de la esperanza de vida, que continuará en las próximas décadas con el avance constante de la medicina. Es por ello que no debe descartarse aplicar, a largo plazo, un aumento de la edad de jubilación superior a los 67 años de edad en aquellas profesiones que no requieran un especial esfuerzo físico. Este último aspecto es especialmente importante pues no distinguir entre profesiones a la hora de determinar la edad de jubilación es un error, en la medida en que no todos los profesionales sufren el mismo desgaste por la ejecución de su actividad laboral.

 

Eliminación de los topes de cotización.

En este sentido existen opiniones disidentes sobre si es la medida correcta, y un muchos casos en los que existe acuerdo sobre su aplicación no hay unanimidad sobre la forma de aplicación.

Existe la posibilidad de destopar la base de cotización y la pensión máxima, pero también de hacerlo solo de la base dejando el tope inamovible en la pensión máxima. Aunque desde el punto de vista económico lo último pueda parecer el más saludable, podría suscitar controversias hacerlo en la medida en que no existe una correlación entre las aportaciones realizadas y la percepción posterior de una pensión, incluso desde el punto de vista constitucional.

 

Puesta en marcha de una contribución social específica.

La creación de un impuesto que se destine a financiar el sistema de pensiones público es una de las opciones que, desde mi punto de vista, mejor podría ayudar a aliviar la situación actual de déficit.

Esta contribución existe en la actualidad en países de nuestro entorno. Tal es el caso de Francia, donde el 45,5% de la financiación del sistema de pensiones proviene de impuestos y contribuciones sociales dedicados exclusivamente a la financiación del sistema público de pensiones, relegando la financiación por cotizaciones al 55,8% del total.

Estos datos son indicativo de que un país no ha fracasado en su sistema de pensiones cuando gran parte de las aportaciones a la seguridad social no proviene de cotizaciones sociales, más bien al contrario, es ejemplo de cómo solventar una situación de déficit sin perjudicar al pago de las prestaciones. No tenemos que olvidar, por otro lado, que Francia es uno de los países europeos que cuenta con una presión fiscal más elevada, estando España muy por detrás en los indicadores de presión fiscal, y también, aunque en menor medida, de esfuerzo fiscal. Estos datos ponen de manifiesto que existe margen para un aumento de los impuestos en España, debiendo destinar gran parte de esa subida a la financiación de la Seguridad Social por tratarse de uno de los soportes del estado de bienestar.

 

La cotización por el valor añadido.

Otra de las opciones, compatible con la creación de otros impuestos, es un aumento en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Desde mi punto de vista, al tratarse de un impuesto indirecto, la subida debe hacerse con moderación para tratar de perjudicar en la menor manera posible a las rentas bajas. En este impuesto existe también margen de subida, dado que España en comparación con otros países de nuestro entorno tiene recaudación de IVA sobre el PIB relativamente pequeña (5,9%), por debajo de la media europea (6,7%), y muy alejado de países como Dinamarca, Finlandia, Suecia o Austria.

 

Impuestos sobre hidrocarburos y otros.

España es el tercer país de la UE que menos recauda por impuestos verdes. Dejar de hacerlo implica una pérdida de recursos para las arcas públicas, pudiendo utilizarse todo o gran parte de dichos recursos con finalidad de financiar las pensiones públicas.

Impuestos sobre la rentabilidad de las empresas.

En tiempo reciente se ha planteado la posibilidad de gravar la rentabilidad de las empresas, con impuestos sobre empresas que operan en España generando grandes beneficios pero que tributan en su mayor parte fuera de España. Es el caso de la “tasa Google”, que no ha logrado ser aplicado en España aunque continúa en la agenda del Gobierno.

 

Conclusión.

Que el pago de las pensiones no logra ser sufragado mediante el abono de las cotizaciones sociales es algo innegable, pero esto no implica una situación de emergencia ni de quiebra de un sistema que sigue pagando sus pensiones de forma puntual. Se trata de una situación generalizada en Europa, y que muchos países han logrado solventar mediante un complemento a las cotizaciones sociales, en forma de impuestos de diversa índole, entre los que encontramos las contribuciones sociales específicas a las que me he referido con anterioridad y que desde mi punto de vista tiene una importancia capital de cara a financiar el pago de las pensiones sin sacrificar los gastos ahora se financian con impuestos ordinarios.

Intentar solucionar el problema del sistema mediante un complemento privado de pensiones mermando las cuantías del sistema público es una medida que perjudica a todos aquellos ciudadanos que no cuenten con capacidad de ahorro, contando en este sentido con el antecedente de países como Chile donde la aplicación de este modelo se ha demostrado fracasado. Quizás el mantenimiento de un sistema de reparto combinado con una anotación individual de gestión pública es una medida que pueda valorarse en el medio y largo plazo, pues ha demostrado su éxito en algunos países, como en Suecia, donde el sistema de cuentas nacionales que aplican ha garantizado un éxito en cuanto a su eficiencia sin sacrificar el sistema de reparto.

 

REDACCIÓN. IBERLABORAL.ES
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