La reforma de la jubilación que planea el Gobierno

 

La reforma de las pensiones es un debate abierto en canal desde tiempos inmemorables, que gana enteros de un tiempo a ésta parte por el progresivo pero inexorable incremento del número de jubilados y unas perspectivas sombrías por el número de jubilaciones que está por venir como consecuencia del acercamiento a la edad de jubilación de la parte gruesa de la generación del babyboom, que engloba a todos aquellos nacidos entre 1958 y 1975.

 

Los efectos de la jubilación de esa generación en las pensiones ya es una realidad, habiendo incrementado en la última década y de forma considerable un aumento muy significativo en el número de pensiones cobradas y en la cuantía media de las mismas.

 

 

 

En el contexto de la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha desgranado las intenciones del Ministerio que dirige. El objetivo del Ministerio es retrasar la edad real de jubilación, ahora en unos 64,6 años, para acercarla a la legal, que en 2021 se sitúa entre los 65 y 66 años, según el tiempo cotizado, y llegará a una horquilla entre 65 y 67 años en 2027.

 

Primera medida: mejorar la jubilación demorada

 

Para conseguir dicho objetivo ha planteado como medida principal la entrega de un cheque a los trabajadores que accedan a la jubilación demorada. El cheque oscilaría entre los 12.060,12 euros por año de demora que percibiría quien tenga derecho a una pensión máxima (37.567 euros al año) y haya cotizado al menos 44,5 años; y los 4.786,27 euros que cobrarían los beneficiarios de una pensión mínima (9.569 euros por año y hayan cotizado menos de 44,5 años).

 

El pago de una cantidad a tanto alzado es una de las opciones que baraja la Seguridad Social para estimular ese retraso en el retiro, pero no es la única. Sobre la mesa de negociación hay otra opción que supone elevar la pensión un 4% en todos los casos por cada año de demora; ahora ese premio se sitúa entre el 2% y el 4%. En el planteamiento hecho a los agentes sociales y detallado en el Congreso podría incluso darse una combinación de ambas opciones.

 

 

Segunda medida: endurecer la jubilación anticipada.

 

El ministro ha presentado su propuesta, con los nuevos coeficientes de penalización de la jubilacion anticipada. No todos los que se jubilen de forma anticipada sufrirán una penalización mayor a la actual, solo aquellos que lo hagan a una edad más temprana o más pegada a la jubilación legal y los que accedan a las pensiones más altas.

Concretamente, ha explicado que se está trabajando en el diálogo social en una propuesta de coeficientes reductores a la jubilación anticipada voluntaria por la que estos aumentarían del 16% al 21% para un trabajador con menos de 38 años y 6 meses cotizados que quiera jubilarse dos años antes de lo que le toca.

El Ministerio plantea que los coeficientes reductores sean mensuales, en lugar de trimestrales como lo son en la actualidad, «de forma que favorezcan la permanencia en el empleo al adaptarse mejor a cada situación y permitir decisiones más meditadas a cada trabajador. En la mayoría de los casos, estos coeficientes suponen una menor penalización que ahora, especialmente para las carreras laborales más largas», ha apuntado.

 

En 2021 es posible jubilarse anticipadamente cuando se cumplan los siguientes requisitos:

 

-Por haber sido despedido:

Reducción sólo posible hasta los 61 años (con +37 años y tres meses cotizados) o 62 años (con -37 años y 3 meses cotizados). Es decir, se trata de una reducción de cuatro años respecto de la edad ordinaria de jubilación.

Deben de tenerse 33 años cotizados.

Se reducirá la cuantía de la pensión en un porcentaje anual por cada año de anticipación, porcentaje que variará en función de los años cotizados por el trabajador:

33-38 años: -7,5%/año.
38-41 años: -7,0%/año.
41-44 años: -6,5%/año.
+44 años: -6,0%/año.

 

– Por voluntad del trabajador:

Reducción solo posible hasta los 63 años (con +37 años cotizados) o 63 años y 10 meses (con -7 años cotizados). Es decir, se trata de una reducción de 2 años respecto de la edad ordinaria de jubilación.
Deben de tenerse 35 años cotizados.

Se reducirá la cuantía de la pensión en un porcentaje anual por cada año de anticipación, porcentaje que variará en función de los años cotizados por el trabajador:
33-38 años: -8,0%/año
38-41 años: -7,5%/año
41-44 años: -7,0%/año
+44 años: -6,5%/año

 

 

Tercera medida: restringir la jubilación forzosa.

La primera sería restringir las cláusulas de jubilación forzosa, las que permiten a las empresas despedir a los trabajadores que cumplen la edad legal de retiro si tienen derecho a percibir el 100% de la pensión que les corresponde por su carrera de cotización y está pactado en un convenio colectivo. “Es necesario para que funcionen los otros elementos que proponemos”, ha justificado Escrivá, consciente de que este es uno de los elementos que menos gusta a los empresarios en la negociación. La oferta inicial sobre la mesa sería la prohibición de esta cláusula. En cambio, durante la negociación, la Seguridad Social ha cambiado su postura para acercarse a las contrapartes, retrasando su aplicación hasta que los trabajadores cumplan 68 años.

 

 

Cuarta medida: modificar aspectos de la jubilación parcial.

La cuarta a tocar sería la llamada jubilación parcial, la modalidad que permite a alguien retirarse parcialmente hasta cuatro años antes del límite legal si cumple una serie de requisitos. La norma actual permite al trabajador concentrar todo el tiempo que tiene que trabajar en un año y luego no volver a hacerlo. Para desincentivar el uso perverso de esta forma de retiro, la Seguridad Social quiere poner un tope a esta concentración de jornada en el 60%.

 

 

 

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